La Casa por el Tejado

Portada del libro "Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados", editado por el Ministerio de Vivienda en 2010
Portada del libro “Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados”, editado por el Ministerio de Vivienda en 2010

Existe un considerable desconocimiento del uso y tratamiento de la información geógrafica en el ámbito de la discapacidad, provocando multitud de islas de información incompleta que, además, no es interoperable.

Por ejemplo, ¿qué define un lugar como accesible? ¿Por qué se trata muchas veces de dar una solución global, cuando los requisitos de distintos colectivos son radicalmente distintos? ¿Por qué nunca se considera el idioma de esa información como otro parámetro de accesibilidad, con el potencial turístico que tiene este país?

En este sentido, el equipo de PREDIF son de los más pragmáticos. Se dedican a recoger toda información que pueda ser útil. Sus guías de lugares accesibles son hitos en lo que a información de turismo accesible se refiere pero, ¿cómo modelizar esos datos? ¿Cómo asegurar que siempre se refieren a los mismos parámetros de la misma manera de forma que puedan organizarse esos datos en una base de datos que poder explotar, analizar, compartir (y traducir a otros idiomas) de forma sistemática? ¿Cómo dotar a toda esa información de una componente geográfica interoperable?

Y, sobretodo, ¿cómo lograr un consenso para conseguir su normalización y asegurar su vigencia?

Antes de recopilar información  en una base de datos es imprescindible el diseño de un modelo de datos. O quizás no: Puede que la información cruda y completa sea la que nos dé pistas para organizarla después de forma coherente y sistemática.

Por otro lado, una cosa es disponer de datos de lugares públicos accesibles, con todos sus parámetros perféctamente desglosados, logrando una información completa y veraz, y otra cosa es que se pueda llegar hasta ellos (a los datos y a los lugares). Es ahí donde se encuentra el verdadero talón de Aquiles de toda esa información, útil en sí misma, desde luego.

Un posible punto de inicio puede ser el empleo de la legislación existente, donde se desglose cada parámetro que hace que pueda denominarse un itinerario peatonal urbano como accesible.

Hay un desconocimiento generalizado, a propósito o no, de la Orden Ministerial VIV/561/2010, vigente justo en pleno auge de la crisis inmobiliaria y urbanística.

La Orden Ministerial VIV/561/2010 “garantiza el uso no discriminatorio y la circulación autónoma de todas las personas en la ciudad, dando así cumplimiento al mandato establecido en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones”, mediante los conceptos de Itinerario Peatonal Accesible (IPA) y de Áreas de Estancia (AE), definidos en los capítulos III y IV.

Deroga cualquier ley autonómica previa, homogeneizando unos valores (como pendientes máximas, por ejemplo), que eran dispares entre las distintas CCAA, cuyas leyes siguen aplicándose en muchas actuaciones urbanísticas de los ayuntamientos, quizás por desconocimiento.

Ante la total ausencia de planeamiento urbanístico coherente que se ha sufrido, al menos se debería disponer de información geográfica que facilite el acceso hasta el máximo número de lugares públicos a la máxima variedad de personas. Es más barato, desde luego, pero requiere de una serie de conocimientos muy específicos, así como de un consenso.

Quizás se trate de un objetivo muy ambicioso. El consenso, me refiero.

O quizás no. El año 2019  será una buena fecha para echar una mirada hacia atrás.

Fuente: Accesibilidad en espacios públicos urbanizados

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